La popularidad que alcanza el culto a las imágenes durante el siglo VIII
entre los devotos cristianos del Imperio Bizantino no puede
comprenderse sin tener en cuenta los intereses económicos y políticos de
la aristocracia encargada de su producción y fomento. Las acusaciones
de idolatría por parte del clero y la nobleza rival empuja a León III a
ordenar la destrucción de imágenes (730), la emperatriz Irene tolera de
nuevo su culto (787), León V vuelve a prohibirlas (813) y
definitivamente Teodora permite su veneración (843). La querella
iconoclasta supuso que a lo largo de un siglo desapareciera una
importante cantidad de obras artísticas por interpretaciones religiosas.
